Proponen en CU venta de Proula y discuten normas transitorias para concurso de contratados

La junta directiva de la planta de medicamentos Proula, tuvo un derecho de palabra ante el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Los Andes (ULA), de este 24 de mayo del 2010. La oportunidad sirvió para explicar la actual situación financiera de esta empresa universitaria, así como la propuesta de compra de sus activos por parte de un grupo privado.

Germán Rodríguez, presidente de estos laboratorios, y Laura Calderón, vicepresidenta,  entregaron a los miembros del CU un informe detallado  en el que esbozaron los inicios de la planta, su evolución, montos de sus activos y las propuestas emanadas de la actual junta directiva, como elementos concluyentes para resolver su actual condición.

Dijo Rodríguez, que una de las prerrogativas en la venta de la planta incluye la permanencia del personal calificado que aún labora en dicha planta. Igualmente se conservará el nexo con la ULA que permite el trabajo de sus grupos de investigación en sus laboratorios.

Aseveró que el mismo hecho de no ser una empresa privada, sino una figura pública como dependencia universitaria, hizo sumamente difícil, y hasta imposible, lograr financiamiento para la activación y actualización de sus componentes tecnológicos. Además la firma de una figura de convención colectiva de los trabajadores del ramo en el ámbito nacional, hizo cuesta arriba el afrontar la carga de pasivos y beneficios laborales.

El profesor Raul Huizzi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, propuso dar una semana de tregua a los miembros del CU para la valoración del informe, a fin de emitir un juicio más acertado. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad, por lo que será el próximo lunes  31 de mayo cuando el presidente de Proula retorne al CU para escuchar la respuesta.

RR

El bachiller Alfredo Contreras expuso la actual realidad que atraviesa el reglamento de repitiente (RR) sobre el cual hizo alegatos que deben favorecer a los afectados.

Asimismo amplió sobre la situación estudiantil de la Universidad de Los Andes, en este sentido, detalló todos los caminos transitados por las diferentes instancias para asistir a los estudiantes, en materia de recursos para su estabilidad dentro de la academia.

Las necesidades que tiene nuestra universidad ameritan una conjunción de fuerzas sindicales, rectorales, estudiantiles y laborales de la mano de la comunidad emeritense, en su lucha por la defensa de la institucionalidad.

Concurso para contratados

Este cuerpo universitario, discutió las normas transitorias que regirían los concursos internos de ingreso para el personal contratado. El Rector anunció que, de momento, se han ahorrado algunos  recursos de varias partidas, lo que permitirá dar posibilidad a un número pequeño, pero importante, de acceder a este proceso de admisión laboral para convertirse en personal fijo.

El Rector dijo que, de hecho, esta norma ya existe e incluso hay acuerdos al respecto con los gremios. Se propuso que estos concursos se apliquen de forma cerrada para favorecer de manera directa al propio contratado en su propia dependencia de trabajo.

Respeto a la antigüedad

“Es contradictorio exigirle -entre las credenciales- los cursos de mil 500 horas de clases o entrenamientos, cuando el contratado no tiene permisos para estos efectos de preparación”, expresó el decano de la Facultad de Humanidades y Educación, Alfredo Angulo. Pidió que se tome en cuenta la evaluación regular que recibe el contratado dentro del baremo.

Por su parte el decano de Farmacia, Rafael Luna, evaluó el numeral 2 del baremo que es, a su juicio, una limitante para la gran mayoría de estos contratados, por su carácter excluyente. El cumplir con rigor el manual descriptivo vigente de clase de cargo para el personal administrativo de las universidades nacionales (aprobado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario), iría en detrimento de este personal, argumentó.

Asimismo el vicerrector administrativo, profesor Manuel Aranguren, opinó que cuando un personal contratado ingresa, se le hace su seguimiento, sus auditorías de cargos y evaluación de desempeño. Propuso la reformulación del numeral 2 para poder aprobar la propuesta de ingreso.

Ante el aspecto legal que impone la Opsu, el rector Mario Bonucci argumentó la necesidad de flexibilizar la norma, de tal manera que no se violente la misma.

“Hay una situación complicada con un amplio segmento de personal que fue contratado bajo condiciones nada idóneas, es decir, ya hay un problema de origen, porque no reunían los requisitos”.

El representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, manifestó lo riesgoso de aplicar las exigencias, pues no se sabría si se está favoreciendo o simplemente “botando” al contratado.

“Debemos ver la manera de validar las credenciales, sin que les afecte, dado los años de servicio prestado a los fines de permitirle su ingreso a personal ordinario”, dijo.

Los argumentos de la membresía del CU, coincidieron en las circunstancias que atraviesa este segmento laboral universitario y tienen la esperanza de regularizar su condición de trabajo. No obstante, la legislación planteada para el mecanismo de ingreso es precisa e inviolable, lo que, en muchos casos, dificultaría el ingreso.

Ante esta polémica, se decidió conformar una comisión que, en el decurso de 15 días, ofrecerá mecanismos de salidas al tema en cuestión. 

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