ULA dispuesta a entregar residencias Domingo Salazar para su saneamiento

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, efectuado este lunes 3 de mayo del año en curso, analizó, una vez más, la situación de violencia que se genera desde y en las adyacencias de la Residencia Estudiantil, Domingo Salazar.

El doctor Marcos Pino expuso, ante los miembros de CU, un informe central que recoge la realidad que afronta este espacio universitario, entre los que se encuentran problemas de convivencia, drogas, posesión de armas, actos delictivos por parte de un pequeño grupo plenamente identificado. La otra realidad de esta residencia apela al sentido pacifista, ciudadano, que refleja la mayoría  de los habitantes dentro de este recinto residencial.

El aspecto primordial de la intervención del coordinador de las Dirección de Asuntos Estudiantiles (Daes), tuvo que ver con la amenaza de desalojo de la cual fueron víctimas un grupo de estudiantes, a través de una comunicación emanada de un presunto Consejo Comunal.

Vale abundar que esta comunicación, publicada en un medio impreso,  argumenta la razón que usa el supuesto Consejo Comunal de la Residencia Domingo Salazar para desalojar estudiantes: "No son estudiantes de confianza para nosotros como Militantes Revolucionarios y Socialistas”.

Pino dijo que ningún Consejo Comunal puede decidir quien vive o no, en un barrio o zona residencial, “Eso es totalmente ilegal y contra los derechos de los ciudadanos. Estamos incluso indagando sobre la legalidad de este Consejo Comunal”.

Acercamiento para la entrega

Marcos Pino acompañó la propuesta debatida de entregar estas residencias al gobierno regional.
“No creo que así haya excusa alguna para intervenir y sanear este complejo habitacional de un grupo armado que fomenta la violencia. Así dejarán de culpar a la universidad del caos que generan, porque, en todo caso, la ULA no cuenta con mecanismos para contrarrestar este tipo de violencia”.

Opsu puede ayudar

El dirigente estudiantil Leonardo Briceño dijo que hay censados 700 estudiantes de bajos recursos económicos, que habitan estas residencias, los cuales son víctimas del caos que allí se produce además de que esa situación repercute en su desempeño académico.

Briceño considera que la propuesta de entregar estas residencias al gobierno regional implica que la Oficina de Planificación del Sector Universitario, aporte los recursos para asistir a esta comunidad estudiantil de jóvenes provenientes de familias humildes. Con esos recursos se afrontaría la estadía de estos estudiantes venezolanos en otros espacios, mientras se soluciona el problema de anarquía dentro de la Domingo Salazar.

Vale referir, que una  estudiante afectada se dirigió a la Fiscalía del estado Mérida a pedir amparo y la respuesta fue: “nosotros no podemos hacer nada”.

Facismo del bueno

Para el presiente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, Luis Loaiza, esta posición, de quienes ahora se autodenominan Consejo Comunal,  es “Fascismo puro. Pues excluyen y piden desalojar a los estudiantes que asumen independencia y criterio propio”.

Estatuto autonómico

Por su parte, el Secretario de la ULA, José María Andérez, exhortó al gobierno regional a tomar en cuenta la derogación de un reglamento de estatuto autonómico  (en vigencia de hace 2 años) que permite la entrada de los cuerpos policiales para las debidas acciones antidelictuales.

“Eso está vigente desde hace muchísimos meses atrás,  pero vemos que no hay accionar de parte de los cuerpos competentes”.

Petición de Secretario de Gobierno

Resta esperar la concreción que dará el Gobierno de Mérida ante la aceptación de la Universidad de los Andes, a la petición hecha por el Secretario del Ejecutivo Regional, de querer administrar dichas residencias. En todo caso, la intención de la ULA es devolverle a estas residencias y a los sectores comunitarios aledaños, el derecho a vivir en sana paz y sin el azote de la violencia y el caos. Obvio que tampoco se puede dejar desasistidos a los 700 estudiantes censados en dichas residencias, que deben seguir siendo beneficiados, por su condición  económica precaria.

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